PRONUNCIAMIENTO:

El artículo 8 del Mandato Constituyente No. 2, determina el monto máximo para el pago de indemnizaciones, bonificaciones o contribuciones por terminación de cualquier tipo de relación individual de trabajo, cuyo requisito esencial constituye la necesidad que aquellos valores se encuentren recogidos en contratos colectivos, actas transaccionales, actas de finiquito o cualquier otro acuerdo bajo cualquier denominación. En este punto,  conviene señalar que la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia en el Juicio No. 1720-2013, ha manifestado que los Mandatos Constituyentes establecen límites o techos máximos de las indemnizaciones que se conceden, es decir, que no consagran derechos.

Por lo tanto, para que los trabajadores amparados por el Código del Trabajo (obreros), puedan acogerse a la compensación señalada, deben cumplir con los requisitos previstos en el Mandato Constituyente No. 2, es decir, que dichos valores se encuentren reconocidos a través de contratos colectivos, actas transaccionales, actas de finiquito o cualquier otro acuerdo bajo cualquier denominación, caso contrario no constituyen un “derecho adquirido del trabajador”.

De igual forma, cabe precisar que las instituciones del sector público establecerán planificadamente, el número máximo de renuncias a ser tramitadas y financiadas en cada año, debiendo para ello, realizar las programaciones presupuestarias correspondientes, en coordinación con el Ministerio de Finanzas, de ser el caso; así mismo, se debe observar lo previsto en el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2015-0054, que regula los Techos de Negociación para la Suscripción de Contratos Colectivos de Trabajo, Contratos Individuales de Trabajo y Actas Transaccionales; para lo cual las entidades del sector público, deberán obtener informe y dictamen del Ministerio de Finanzas, previo a la celebración y suscripción de dichos documentos.